PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE N.º 20.556

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El artículo 154 de nuestra Constitución Política determina que el juez está sometido únicamente a la Constitución y a las leyes. Nótese que ello implica que el criterio del juzgador no sólo no puede ser arbitrario en el tanto debe aplicar lo que establece la norma sino que tampoco puede ser determinado por agentes externos a él. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado lo que se conoce como el “Principio de Independencia del Juzgador”, el cual se erige como una doble protección a su investidura, ya que

la  independencia  del  juez  -como  garantía de las partes involucradas en el asunto sub judice- es hacia lo externo y lo interno, en el sentido de que se le protege de las influencias e incidencias -tanto externas como internas-, que pueda tener en uno u otro sentido en la decisión de un caso  concreto  sometido  a  su  conocimiento,  para  que  fallen  con  estricto  apego  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente;  en  otros términos, se protege al juez para que ni las partes que intervienen en el proceso, terceros, jueces superiores en grado, miembros “influyentes” de los Poderes del Estado, aún el Judicial, puedan, influir en su decisión”.[1]

La independencia del Juez es un elemento fundamental sobre el cual descansa el propio sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a toda democracia republicana y, a la vez, determina la confianza y legitimidad en la propia administración de justicia.

En cuanto al primer punto, un esquema de equilibrio entre los poderes públicos en el que actuación de cada uno de ellos puede limitar o controlar la de los otros, sin que esto signifique que sustituya o se sobreponga a las funciones constitucionalmente asignadas a cada uno, implica que el Juez debe funcionar como contralor de legalidad respecto a las acciones y decisiones que toman e implementan los otros entes, por lo que su tarea requiere un alto grado de libertad para poder interpretar y aplicar la norma de tal suerte que se encuentre libre de presiones y compromisos con otros poderes, organizaciones y grupos de interés.

En ese sentido, asegurar la independencia del juez respecto a los partidos y fuerzas políticas resulta vital, pues de ello depende que la administración de justicia no se empañe con criterios electorales y oportunistas que laceren la credibilidad de la instancia judicial y que, sobre todo, no generen ventajas indebidas a una agrupación política en perjuicio de la participación democrática de otros partidos. Al respecto, nos dice García Morillo que

el fin de esta previsión es garantizar la apariencia de imparcialidad del juzgador: obviamente, ni la Constitución ni nadie puede impedir que un Juez tenga su correspondiente ideología política; pero sí puede evitar la expresión pública que de esa ideología política supone la afiliación a un partido político. Con ello se consigue que la confianza del justiciable en la imparcialidad del juzgador no pueda menoscabarse por el conocimiento de la adscripción de éste a un determinado credo o grupo”.[2]

Adicionalmente, explica Brey Blanco que las razones que justifican la no pertenencia del Juez a un partido político son

salvaguardar la imagen pública de la judicatura, lo que implica que no es sólo una cuestión de imagen, esto es, de apariencia, sino de algo más, porque cuando se pertenece a un partido se tiene, como mínimo, una (cierta) relación de disciplina con una estructura organizativa ajena a la función jurisdiccional, y se asume un deber genérico de respeto y promoción de los ideales e intereses del partido y porque el partido no es sólo un «lugar» de convicciones, sino un instrumento de lucha política, que por definición tiene contrarios o adversarios”.[3]

De esta forma, al Juez no se le exige que no tenga convicciones políticas, sino que las domine y las someta a lo indicado por la norma, indistintamente de que esta coincida o no con aquellas, pues la afiliación a un partido político podría suponer que su criterio esté condicionado por la militancia y, particularmente, por los intereses particulares de quienes dirigen la agrupación política a la que pertenece, generando con ello una posible distorsión de sus fallos que lleve incluso a desviar la interpretación de la norma de su curso lógico para alinearla con lo que su partido requiere o busca. Esto podría dar como resultado que el sistema de frenos y contrapesos,

Si bien es cierto que nuestra Constitución prevé que el nombramiento de los Magistrados –como cargos más altos de la judicatura– es una competencia de un ente como la Asamblea Legislativa, que utiliza criterios políticos para su decisión, esto no significa que los Magistrados deban responder a los intereses ni visiones de quienes los designaron.

En ese sentido, se torna necesario proteger a la Corte Suprema de Justicia y al sistema de administración de justicia en general de influencias y presiones que puedan impulsar los grupos de interés, especialmente, los partidos políticos.

El reciente escándalo del cemento importado desde China por un empresario que aparentemente ha extendido su rango de influencia a altos jerarcas del Poder Ejecutivo, a Diputados de la Asamblea Legislativa y hasta a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hace impostergable un endurecimiento de los requisitos constitucionales para ocupar una magistratura.

En la actualidad, nuestro Texto Fundamental prevé que para ser nombrado Magistrado se requiere ser costarricense por nacimiento o naturalización, ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 35 años y ser abogado, con al menos 10 años de ejercicio de la profesión o 5 años si se trata de funcionarios con práctica judicial. Lo cierto es que estos requisitos han demostrado ser insuficientes, no sólo porque el tiempo de experiencia exigido es muy corto si se toma en cuenta que en su puesto tiene un alto impacto en el sistema de administración de justicia, sino también porque no existen límites que garanticen que el Magistrado salte de un cargo político en el Poder Ejecutivo o Legislativo a un cargo judicial desde el cual comprometa su criterio y su actuación para beneficiar a la agrupación que lo colocó en distintos puesto.

Por tal razón, la presente iniciativa busca elevar la experiencia como abogado (a) de la persona que pretenda ocupar el puesto de Magistrado, manteniendo la edad mínima de 35 años que ya establece la norma pero elevando su experiencia al menos a 20 años en el ejercicio de su profesión, sea de forma liberal o en la carrera judicial. Asimismo, se procura establecer la prohibición de haber ocupado puestos de jerarquía en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo en un plazo no menor a cinco años antes de su postulación. Adicionalmente, se establece que no podrá ser designado Magistrado la persona que esté ligada por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive con un Diputado, con el Presidente de la República o con los Ministros del Poder Ejecutivo, todo lo cual asegura un mayor  grado de independencia política.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de los Diputados la siguiente reforma de los artículos 159 y 160 constitucionales.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA  DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ARTÍCULO 1.- Modifícase el artículo 159 de la Constitución Política, para que se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 159.- Para ser Magistrado se requiere:

  1. Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento;
  2. Ser ciudadano en ejercicio;
  3. Ser del estado seglar;
  4. Ser mayor de treinta y cinco años;
  5. Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante veinte años por lo menos, ya sea de forma liberal y/o carrera judicial.
  6. No haber ocupado ningún puesto de jerarquía en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo en un plazo no menor a cinco años antes de su postulación ante la Asamblea Legislativa.

 

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley.”

 

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 160 de la Constitución Política, para que se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, con un Diputado, con el Presidente de la República ni con los Ministros del Poder Ejecutivo.

 

Rige a partir de su publicación.

[1] Sala Constitucional. Voto N° 5795-98 del 11 de agosto de 1998

[2] López Guerra, Luis et all. Derecho Constitucional, vol. II, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 225.

[3] Brey Blanco, José Luis. “Los jueces y la política: ¿imparcialidad/neutralidad versus compromiso democrático. Revista Foro, Nueva época, núm. 00/2004: 37-67. P. 60. Disponible en la web: https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/download/FORO0404120037A/13883

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