PROYECTO DE LEY PARA PENALIZAR EL DESPILFARRO DE RECURSOS PÚBLICOS

Expediente Nº20.455

 

Exposición de motivos:

Niegan al MOPT edificio nuevo de ¢6.375 millones”,[1]Fallida refinería china le ha costado a Costa Rica 27.100 millones de colones”,[2]La platina sin fin, entre atrasos, costos extra y muchas dudas”[3] y “Pifia en vía a megapuerto de Moín costará ¢7.900 millones”.[4]

Estos son, tan solo, unos pocos titulares de noticias publicadas en distintos medios de comunicación, informando sobre la forma en que se derrochan miles de millones de colones de todos los ciudadanos por los errores, la mala planificación, la improvisación, los desaciertos, la irresponsabilidad y la incapacidad dentro del Sector Público. Para nuestra desgracia, este tipo de noticias abundan todos los días y la situación no pareciera cambiar.

El derroche de recursos públicos nos cuesta muy caro a todos. Primero, porque gracias a las pifias, los fallos y los errores de cálculo, terminamos pagando más dinero del originalmente contemplado. Segundo porque las obras, programas, proyectos, bienes o servicios que se iban a realizar o adquirir con esos dineros no se concretan y las necesidades ciudadanas permanecen insatisfechas. Y tercero, porque el sistema político y la gestión pública caen en una vorágine de descrédito y deslegitimación que se visualiza en el incremento de las percepciones negativas de los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones contrarias a un Estado de Derecho, con tal de que las cosas se hagan o los responsables sean castigados.

Por todo ello, los costarricenses han llegado a creer que ya no se trata únicamente de incapacidad de los funcionarios públicos involucrados, sino que detrás de los actos existe un delito. Pasamos de lo que popularmente llamamos “chambonadas” a corrupción. Y pese a que en los discursos políticos abundan promesas como ser más celosos con el uso de recursos públicos, combatir el despilfarro y sancionar los delitos, la realidad muestra algo muy distinto: los responsables siguen como si no hubiese ocurrido nada –incluso algunos hasta terminan promovidos a cargos superiores– y la ciudadanía ya no tiene esperanza ni confianza en el sistema.

Los medios de comunicación y algunos funcionarios valientes siguen denunciando acontecimientos que implican un pésimo uso de los fondos públicos. Sin embargo, muchas de las acusaciones no derivan en sanciones y, en muchos casos, ni siquiera llegan a ser investigados, especialmente porque la Administración activa pareciera más empeñada en justificar las actuaciones que en dirimir qué ocurrió realmente y detectar, prevenir y castigar la corrupción.

Por eso no sorprende que en nuestro país la corrupción sea un problema cada vez más presente en las preocupaciones de la ciudadanía. De acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción para 2016, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país descendió un puesto respecto al año anterior, para ubicarse en el lugar 41 entre 176 naciones [5] y según la Encuesta Nacional de la Percepción de la Corrupción 2017, realizada por la Contraloría General de la República, 8 de cada diez personas manifestaron que hay mucha corrupción en el país y 6 de cada 10 indicaron que el problema ha aumentado en los últimos dos años.[6]

Esta situación debe detenerse. Los ciudadanos no tienen por qué seguir viendo cómo el dinero que tanto trabajo les cuesta producir y que aportan con gran esfuerzo y sacrificio al Estado a través de sus impuestos, se desperdicia sin que los responsables paguen por ello y sin que las obras, programas y proyectos se realicen.

Por ello, esta iniciativa procura adicionar un nuevo artículo 52 a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 6 de octubre de 2004, para castigar con prisión entre 6 meses y 2 años cuando el funcionario que, teniendo a su cargo la planificación, ejecución, administración o supervisión de programas, proyectos, obras o servicios públicos así como compras de bienes públicos, facilite o permita el incremento injustificado de costos, gastos o erogaciones de cualquier tipo de recursos públicos siempre que el monto no exceda los 100 salarios base. En caso de exceder esa cantidad y hasta llegar a los 200 salarios base, la pena sería de 1 a 4 años de prisión y por encima de esta última cifra, correspondería una sanción de 3 a 7 años de cárcel.

De conformidad con la definición de salario base contemplada en el artículo 2 de la Ley que crea concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas y según la circular N° 230-2016 del 10 de enero de 2017, emitida por la Corte Suprema de Justicia, el salario base para 2017 es de ¢426.200,[7] por lo que entonces se entendería que la primer sanción aplica cuando el incremento injustificado sea igual o menor a ¢42.620.000, la segunda cuando el monto se encuentre entre los ¢42.620.000 y los ¢85.240.000 y la más rigurosa cuando supere esa cantidad. Adicionalmente, en este último caso, se propone que el superior jerárquico de ese funcionario responda solidariamente en la vía civil y que, además, tenga responsabilidad administrativa cuando se compruebe que incurrió en culpa por elegir a una persona que no rindió –cuando el puesto sea de elección discrecional– o por faltar al deber de vigilancia, en los términos dispuestos por los artículos 91 y 212 de la Ley General de la Administración Pública.

Por supuesto que corresponderá a los Tribunales de Justicia individualizar las responsabilidades de los funcionarios públicos acusados, así como determinar la magnitud del daño y valorar las circunstancias en que se dio el incremento para demostrar lo que resulte injustificable para proceder en consencuencia.

El fin que persigue esta reforma es obligar a la Administración Pública a realizar su gestión de forma ordenada y transparente, para que no se presenten aumentos en el gasto por errores, mala planificación, desidia o, incluso, corrupción. Con ello se intenta devolver la legitimidad al sistema político y a la gestión pública, mediante el combate de la impunidad que ha caracterizado una gran cantidad de casos en los que se despilfarran fondos públicos y por los que nadie asume las consecuencias, al tiempo que se busca lograr que las obras, programas, proyectos, servicios o bienes públicos necesarios para satisfacer las necesidades ciudadanas sean ofrecidos o adquiridos de forma oportuna y eficiente.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de los Diputados y Diputadas el siguiente proyecto de Ley:


 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA PENALIZAR EL DESPILFARRO DE RECURSOS PÚBLICOS

 

ARTÍCULO ÚNICO-. Adiciónese un nuevo artículo 52 a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 6 de octubre del 2004 y sus reformas, corriendo la numeración según corresponda, de forma que se lea como se presenta a continuación:

 

“Artículo 52.- Facilitación de incremento injustificado de gastos públicos. Será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años el funcionario público que, teniendo a su cargo la planificación, ejecución, administración o supervisión de programas, proyectos, obras o servicios públicos así como compras de bienes públicos facilite o permita el incremento injustificado de costos, gastos o erogaciones de cualquier tipo de recursos públicos si el monto no excede cien salarios base, de conformidad con la definición de este concepto establecida en el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas. La pena será de uno a cuatro años de prisión si el monto excediere los cien salarios base y se tres a siete años si los doscientos salarios base, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que puedan determinarse.

En los casos en que el incremento injustificado supere los doscientos salarios base, el superior jerárquico del funcionario responderá solidariamente en la vía civil. También tendrá responsabilidad administrativa cuando se determine que existe culpa en la elección o en la vigilancia del subordinado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 91 y 212 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Rige a partir de su publicación.

 

MARIO REDONDO POVEDA

DIPUTADO

 

 

 

[1] Morris, Krissia. “Niegan al MOPT edificio nuevo de ¢6.375 millones”. Diario Extra, 30 de septiembre de 2015. Disponible en la web: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/271792/niegan-al-mopt-edificio–nuevo-de-%C2%A26375-mills

[2] Madrigal, Luis Manuel. “Fallida refinería china le ha costado a Costa Rica 27.100 millones de colones”. Diario Digital El Mundo, 10 de marzo de 2016. Disponible en la web: http://www.elmundo.cr/fallida-refineria-china-le-ha-costado-la-fecha-costa-rica-27-100-millones-colones/

[3] Mora, Daniela. “La platina sin fin, entre atrasos, costos extra y muchas dudas”. CRHoy.com, 10 de noviembre de 2016. Disponible en la web: https://www.crhoy.com/nacionales/la-platina-sin-fin-entre-atrasos-costos-extra-y-muchas-dudas/

[4] Bosque, Diego. “Pifia en vía a megapuerto de Moín costará ¢7.900 millones”. La Nación, 2 de marzo de 2017. Disponible en la web: http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Pifia-megapuerto-Moin-costara-millones_0_1619038094.html

[5] Transparencia Internacional. Índice de percepción de la corrupción, 2016. Disponible en la web: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf

[6] Muñoz, Fernando. “Seis de cada diez ticos considera que la corrupción aumentó en últimos dos años”. Noticias Monumental, 4 de mayo de 2017. Disponible en la web: http://www.monumental.co.cr/2017/05/04/seis-de-cada-diez-ticos-considera-que-la-corrupcion-aumento-en-ultimos-dos-anos/

[7]Actualidad Tributaria. “Salario Base para Definición de Sanciones en año 2017, 13 de enero de 2017. Disponible en la web: http://www.actualidadtributaria.com/informacion_fiscal/view/salario_base_para_definicion_de_sanciones_ano_2017/14174

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