MARIO REDONDO PLANTEA PROPUESTA PARA ACORTAR SIGNIFICATIVAMENTE PROCESOS PENALES

Diputado propone fijar plazos

  • Procesos podrían pasar de 6 años a 11 meses
  • Pretende hacer justicia a víctimas, quienes serán parte activa

San José, 22 de noviembre de 2016. El diputado Mario Redondo, jefe de Fracción de Alianza Demócrata Cristiana, planteó una propuesta para acortar los procesos penales y, como parte de las acciones para impulsar la iniciativa, organizó un foro denominado “Hacia un nuevo Código Procesal”.

En el foro participaron los magistrados Carlos Chinchilla y Celso Gamboa, se la Sala III de la Corte Suprema de Justicia; el fiscal general, Jorge Chavarría, así como el experto en Derecho Penal, Alexánder Rodríguez.

En el marco de este foro, Mario Redondo, anunció un proyecto que contiene regulaciones específicas sobre la duración de las fases principales del proceso, y en ese orden determina duración máxima del procedimiento preparatorio, el procedimiento intermedio, el juicio oral y la fase de apelación de sentencia.

“El proceso penal costarricense se ha burocratizado, afectando el respeto de principio constitucional de justicia pronta y cumplida”, manifestó el legislador, quien advirtió que “las víctimas son las más afectadas por lentitud del proceso penal y está aumentando sentimiento de impunidad lo cual va deslegitimando el sistema democrático”.

Plazos

Mario Redondo propone reducir plazos en procedimiento penal. Una reforma es establecer plazos perentorios. Precisamente el presidente de la Sala Tercera, el magistrado Carlos Chinchilla, destacó que con proyecto del congresista, el proceso penal puede reducirse de 6 años a 11 meses.

El proyecto plantea que etapa preliminar no dure más de un mes y juicios no tarden más de 2 meses. Eso acelerará aplicación de justicia. Según datos del magistrado Celso Gamboa “ desde que se interpone denuncia hasta que se dicta sentencia transcurren, en promedio, 1024 días. No hay justicia pronta”, advirtió, quien destacó que la propuesta de Mario Redondo, no solo pone plazos, sino sanciones a quienes incumplen. De acuerdo con el magis6trado hay más de 43 asuntos pendientes de señalamiento en tribunales.

Otro que celebró la propuesta del diputado de Alianza demócrata Cristiana fue el fiscal Jorge Chavarría, quien considera que “la mejor defensa contra criminalidad es un juicio rápido para sacar de circulación al delincuente”.

Aspectos puntuales

En la propuesta de Mario Redondo se fija el inicio del plazo con cualquier acto inicial, como lo puede ser la de denuncia o informe policial. Ello es acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se parte de que el plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito , y que el proceso “termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción”, tomando en cuenta que el “plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse”. El proyecto no desarrolla reglas en el recurso de casación dada su naturaleza de un recurso extraordinario.

Los plazos que se proponen de duración de cada etapa tratan de ajustarse a la realidad nacional, pero ponen énfasis en que Estado debe garantizar el principio de celeridad procesal, sin que sea excusa que justifique la demora la falta de presupuesto o el volumen de trabajo del despacho judicial que conoce una causa, ni la falta de infraestructura o personal.

La propuesta De Reforma al Código de Procedimientos Penales reconoce a la víctima como parte del proceso y que pueda actuar en cualquier etapa, con el fin de que no se sigan limitando sus derechos y deje de crecer sensación de impunidad.

El efecto procesal que se asigna al incumplimiento de los plazos es la extinción de la acción penal. Sin embargo, a efecto de no dejar desprotegida a la víctima en sus intereses se le da la posibilidad de instar ante el juez una fijación de plazo cuando ha habido una demora no justificada en el trámite y queda a salvo su derecho de perseguir por su cuenta con el ejercicio de la acción penal mediante una querella.

En el caso del proceso en sede judicial, también se fijan plazos para la fase intermedia, el juicio y la apelación de sentencia, caso el incumplimiento del plazo también lleva a la extinción de la acción penal.

Queda abierta la posibilidad de que el interesado inste el despido del funcionario responsable del retraso.

En cuestión de meses

Proceso total podría durar 11 meses, aunque con algunas prórrogas.
Proceso preparatorio: seis meses.
Proceso judicializado en su etapa intermedia: un mes.
Juicio oral: dos, prorrogables a 12.
Tiempo para resolver recurso de apelación: dos meses, los cuales pueden prorrogarse al doble.

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